Mediante Decreto Presidencial No. 707 el Presidente de la República del Ecuador Guillermo Lasso Mendoza “autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional a aquellas personas naturales que cumplan los requisitos de conformidad con la Ley, el Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones y Explosivos y bajo las autorizaciones correspondientes”, con este Decreto Presidencial por medio del cual se autoriza el uso de armas en nuestro país es una discusión polémica y ampliamente debatida. Aunque algunas personas defienden el derecho a portar armas como una cuestión de libertad individual y autodefensa, lo cual es plenamente justificable, otros argumentan que la posesión de armas solo aumenta la violencia y la criminalidad. En este artículo, se analizarán los pros y contras de autorizar el uso de armas en el Ecuador.
Conocemos muy bien que uno de los principales argumentos a favor de la autorización del uso de armas es el derecho a la autodefensa. Los defensores del derecho a portar armas argumentan que el uso de armas es una forma efectiva de protegerse de agresiones físicas y robos, mucho más por la situación de inseguridad que se vive a lo largo y ancho del país a causa de las organizaciones criminales. Como antecedente, tenemos que a raíz del año 2007 con el gobierno del ex Presidente Rafael Correa Delgado se suprimió el permiso para que el gobierno estadounidense abandonara sus operaciones desde la base de Manta, así como de las fuertes acusaciones sobre alianzas del gobierno de turno con las fuerzas revolucionarias de las FARC, el Ecuador ha vivido un ambiente de inseguridad sin precedentes en las décadas pasadas.
Volviendo a la actualidad, en un país donde el acceso a la seguridad es limitado, las armas pueden ofrecer a las personas una sensación de seguridad y protección personal. Además, hay que tomar en cuenta que el derecho a la autodefensa es considerado un derecho humano fundamental en muchos países.
Otro argumento a favor de autorizar el uso de armas es la disuasión del crimen, provocado por las organizaciones criminales que habíamos mencionado antes. Los defensores de la posesión de armas argumentan que si la población es consciente de que muchos ciudadanos están armados, los criminales tendrán menos probabilidades de cometer delitos por temor a ser enfrentados con una respuesta armada. En tal sentido, la posesión de armas puede reducir la tasa de crimen y aumentar la seguridad en el país.
Además, algunas personas defienden el derecho a portar armas como una cuestión de libertad individual. En un país donde la libertad es valorada, el derecho a la posesión de armas es visto como una extensión natural de la libertad personal. A menudo, los defensores del derecho a portar armas creen que el gobierno no tiene derecho a restringir su libertad individual, incluso en casos donde se considera peligroso.
Por otro lado también hay que tomar en cuenta a los detractores, quienes consideran que autorizar el uso de armas solo aumenta la violencia y la criminalidad. En muchos casos, las armas son utilizadas en la comisión de delitos, y la posesión de armas ilegales es un problema común en muchos países. Así también, las armas pueden ser utilizadas en situaciones de violencia doméstica, lo que aumenta la probabilidad de lesiones y muertes.
Otro argumento en contra de la autorización del uso de armas es que puede llevar a un aumento de la violencia, debido a que las armas pueden ser utilizadas en situaciones de ira o impulsividad, dando lugar a lesiones graves o incluso la muerte; además que en situaciones de conflicto, las armas pueden agravar la situación y llevar a un aumento de la violencia.
También podemos afirmar que con la autorización del uso de armas también puede ser considerada un riesgo para la seguridad pública, ya que las armas son peligrosas y pueden ser utilizadas para cometer delitos, incluso si el propietario es una persona responsable y con licencia vigente. Los robos de armas son una amenaza para la seguridad pública, en vista de que las armas robadas pueden ser utilizadas en la comisión de delitos violentos.
Finalmente, algunas personas sostienen que el derecho a la posesión de armas no debe ser considerado una cuestión de libertad individual, sino una cuestión de seguridad pública. La regulación de las armas es esencial para proteger a la población y prevenir la violencia y el crimen. Por lo tanto, el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que las armas estén en manos de personas responsables y calificadas, aunque sabemos que podrían suscitarse casos de corrupción para la obtención ilegal de armas. Las regulaciones de armas también pueden ayudar a prevenir la venta de armas a personas que no deben tenerlas, como criminales o personas con enfermedades mentales.
Con todo esto, la autorización del uso de armas en nuestro país tiene sus pros y contras. Si bien algunas personas sostienen que el derecho a la autodefensa, la disuasión del crimen y la libertad individual son razones para permitir la posesión de armas, otros con mucha razón afirman que la violencia, la criminalidad y los riesgos para la seguridad pública son razones para limitar la posesión de armas. Es importante que el gobierno del Presidente Lasso tome medidas efectivas para regular las armas y garantizar que estén en manos de personas responsables y calificadas, vigilando de cerca el otorgamiento de las licencias a las personas que efectivamente cumplan con los requisitos exigidos. De esta manera, se puede reducir la violencia y proteger la seguridad pública, al mismo tiempo que se garantiza el derecho a la autodefensa de los ciudadanos.