Inteligencia Artificial: el futuro es ahora y no hay marcha atrás

Para el año 2060 estiman los expertos que la IA superará al ser humano en cualquier tarea cognitiva. Es decir que, para ese entonces en nuestras normativas a nivel mundial ya estaríamos incluyendo un nuevo sujeto de derechos y obligaciones como lo serían las “personas electrónicas”, distintas al ser humano, en la cual entrarían los robots y sistemas con inteligencia artificial, capaces de tomar decisiones propias y siendo responsables de sus actos.

En cuanto a los robots, la problemática que abordamos en el presente artículo es si el Derecho pudiera o no considerarlos como “personas”. Para ello, debemos partir de que la definición de persona es quien tiene la aptitud de ser titular de derechos y de deberes. La personalidad no es una cualidad natural, algo que pudiera existir previo a la emisión de una norma, sino que, al contrario, es una cualidad puramente jurídica, que se incluye en la norma para los fines particulares.

La personalidad como cualidad jurídico-formal es una idea en la cual pensamos que a largo plazo fuera posible otorgar una personalidad específica para los robots inteligentes, partiendo de la interrogante de que los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas, en virtud de que éstos tomen decisiones autónomas complejas o que interactúen con las personas de manera independiente.

La consideración de “persona electrónica” entonces significaría que los robots serían una persona de derecho que tendría derechos y obligaciones de carácter instrumental, aplicado para intereses económicos puntuales del ser humano.

Pero el hecho de plantear que el robot sea una “persona electrónica”, también trae otras discusiones en torno a otorgar la personalidad jurídica a las máquinas y la responsabilidad de los fabricantes, pues al hacerlo, eximiría de toda responsabilidad al fabricante y adjudicaría la misma a los robots, lo que podría ser aún prematuro.

Estas discusiones tienen validez y sentido, pero no es dañino cuestionar sobre tal posibilidad de considerar en el futuro a los robots o sistemas basados en inteligencia artificial como “personas electrónicas” dentro de nuestra norma. Mientras tanto, hasta que finalmente los gobiernos del mundo se pongan de acuerdo en cómo regular a la IA, deberá emplear los esfuerzos necesarios de configurar correctamente a estos robots y/o sistemas, hasta que finalmente tengamos una regulación suficiente basado en los conceptos jurídicos clásicos.

Si tomamos como referencia el derecho comparado, lo dictado mediante Resolución del Parlamento Europeo en el año 2020, en las recomendaciones a la Comisión sobre el régimen de responsabilidad civil en materia de IA (2020/2014/INL), la referida organización parte de que la persona que cree, mantenga, controle, explote el sistema de IA, ha de ser responsable del daño o perjuicio que cause el dispositivo o la actividad que lleve a cabo el mismo. 

Analizando la resolución anotada, entendemos que la responsabilidad civil del operador se basa en el hecho de que éste ejerce un cierto grado de control sobre el funcionamiento y operación del sistema de IA. Para ello, deberá regularse adecuada y minuciosamente un régimen basado en el riesgo (alto y bajo) de los sistemas de IA y para su operador. 

La idea se plasmaría de la siguiente forma: cuando existan problemas ocasionados para los sistemas de IA de alto riesgo, entendiendo que funcionan de manera autónoma, se propone un sistema de responsabilidad objetiva al operador; mientras que, para los sistemas de IA de bajo riesgo, estará en vigencia un sistema de responsabilidad subjetiva para el operador, eximiéndolo de responsabilidad, siempre y cuando pueda demostrar que no tuvo la culpa o negligencia sobre el daño ocasionado.