¿La Ley Fintech promueve la transformación digital en Ecuador?

Gracias a la evolución de la tecnología los seres humanos buscan herramientas digitales que les permitan obtener seguridad y personalización en sus transacciones financieras.

Es por esta razón que surgen las empresas de tipo Fintech, como una fusión entre la actividad financiera y la tecnología, convirtiéndose de esta forma en nuevos actores del ecosistema financiero.

En países como México, Colombia, Brasil y Argentina, las empresas Fintech han tenido gran acogida en sus respectivos mercados, lo que ha provocado que los organismos rectores y reguladores del sistema financiero hayan desarrollado la normativa correspondiente para permitir su funcionamiento basada en la neutralidad tecnológica para supervisar la administración de los riesgos.

En nuestro país, la Ley Fintech fue publicada en el mes de diciembre del año 2022, permitiendo la creación de las entidades que ofrezcan servicios financieros tecnológicos y sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos como parte del sistema financiero privado.

Sin embargo de ello, hay que resaltar que el sector financiero está regulado en demasía, provocando que la actual Ley Fintech sea inconstitucional, debido a la prohibición de inversión de las entidades financieras privadas en capital de las empresas Fintech.

En este sentido, es incongruente que en nuestro país los bancos cierren la posibilidad de financiamiento a las empresas Fintech, que han venido a convertirse en aliados estratégicos del sistema financiero nacional de todo el mundo.

Esta disposición inconstitucional encontrada en la Ley Fintech dificulta la participación de estas empresas en el mercado, limitando la transformación digital necesaria para mejorar las experiencias de servicios financieros eficientes para los usuarios financieros.

Las empresas Fintech son consideradas como principales aliados de los bancos en todo el mundo, en muchas ocasiones trabajan en colaboración con bancos tradicionales para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas a los clientes. Dichas soluciones financieras se enfocan en el uso de la tecnología como inteligencia artificial, blockchain y otras tecnologías emergentes para mejorar la eficiencia en los procesos financieros, reducir los costos administrativos y ofrecer mejores experiencias a los usuarios.

Como lo indicamos anteriormente, el sector financiero ecuatoriano tiene una regulación estricta, impidiendo a los bancos para invertir en empresas Fintech o participar en su capital. Esta restricción limita la capacidad de las Fintech para obtener fondos y colaborar con bancos tradicionales para la creación de soluciones financieras innovadoras, lo cual es un menoscabo de incentivos para un sector que ha empezado a estar regulado en el Ecuador, contrariando el mismo sentido de la publicación de una ley específica de presunto fomento y regulación a las Fintech en el Ecuador.

Adicional de lo dicho, la Ley Fintech dispone ciertas limitaciones para la operación de estas empresas, incluyendo la imposición de ciertos requisitos de capital, así como la obligación de contar con una autorización previa de las autoridades regulatorias para llevar a cabo sus actividades.

Si bien podríamos creer que estas medidas fueron pensadas y profundizadas para garantizar la seguridad financiera y con ello proteger a los consumidores, también no es menos cierto que con estas limitaciones afectan la capacidad de estas empresas para innovar y competir en el mercado.

Estas disposiciones un tanto desproporcionadas contra un sector que como decimos está recién entrando legalmente en el país, no está recibiendo de la confianza y apoyo por parte de las entidades regulatorias.

Con estas medidas se impide que los bancos tradicionales y las Fintech puedan afianzar relaciones estratégicas que solamente mejorarán los servicios financieros para sus respectivos usuarios. Menoscabar la inversión de bancos en Fintech limitan el potencial para la transformación digital del sector financiero ecuatoriano.

Es muy importante encontrar el equilibrio adecuado entre la regulación y la innovación para fomentar la competencia y el crecimiento del sector financiero en nuestro país.